El pasado 13 de noviembre de 2020 el presidente Pedro Sánchez anunció de forma oficiosa, que no oficial hasta su publicación en el BOE, la fecha de la siguiente convocatoria de los exámenes de formación sanitaria especializada (MIR, FIR, EIR, PIR, QIR y BIR) y también el número de plazas ofertadas que aumentarán un 5.9% respecto al año anterior hasta llegar a las 10.249 plazas.

Todas sabemos, debido a la pandemia que estamos sufriendo a causa del SARS-CoV-2, de la importancia que la sanidad pública tiene en el sostenimiento de nuestro sistema de bienestar. De la importancia de tener buenos profesionales en medicina, enfermería, farmacia, psicología, biología o químicas que trabajen en las mejores condiciones laborales posibles, porque gracias a ellas, miles y miles de personas han podido sobrevivir a una enfermedad que ya ha matado en nuestro país a mas de 40.000 ciudadanas.

También somos conscientes de los mensajes que diferentes plataformas que luchan por una sanidad pública de calidad han repetido día tras día durante esta pandemia: “tenemos que reforzar la sanidad pública”, “hay que aumentar recursos en la atención primaria”. Incluso el presidente Sánchez allá por mayo señalaba al sistema nacional de sanidad (SNS) como uno de los pilares fundamentales en nuestro estado de bienestar y que reforzarlo sería una de las prioridades del actual gobierno, además de que la atención primaria jugaría un papel importante en la desescalada de la ya conocida como “primera ola” de la pandemia.

Poco caso ha hecho este gobierno a las plataformas de defensa de la sanidad pública si el aumento previsto para este año, en plena pandemia y que es una apuesta a medio plazo (las residencias son procesos formativos para las profesionales de la salud que pueden durar desde 2 años en enfermería hasta 5 en algunas especialidades de medicina) para formar a nuestros profesionales para el futuro inmediato, sólo es del 5.9%, incluidas las flagrantes bajadas en el número de plazas de las especialidades de farmacia y biología.

Y es que para valorar este aumento hay que ponerlo en perspectiva y sin ir más lejos, el aumento de plazas para la convocatoria de 2019-2020 fue del 13.2%, pasando de las 8.402 plazas ofertadas en 2018-2019 a 9.680 plazas en la 2019-2020.

El aumento en esta convocatoria en plazas netas ha sido de 321 por las 1.278 de la convocatoria anterior, pero es que, además, la convocatoria de 2018-2019 fue un 4.5% mayor que la de 2017-2018, lo cual convierte el incremento de plazas de la convocatoria actual para formación sanitaria especializada en una paupérrima subida, máxime en plena pandemia del SARS-CoV 2. Cuando además el RD 29/2020 abrió la puerta a contratar médicos sin especialidad MIR (o farmacéuticas, enfermeras, biólogas…) y que cuenta con la oposición de sociedades científicas y de sindicatos. Es decir, por un lado, nos dicen que nos faltan médicos y personal sanitario y por el otro se aprueba una convocatoria para formación sanitaria especializada con un aumento mínimo en el número de plazas.

Además, entendemos que el tema del incremento de plazas de formación de especialistas de los distintos grados de ciencias de la salud debe de ser no un porcentaje aleatorio, sino que debe de ser fruto de un estudio a medio y largo plazo de las necesidades asistenciales necesarias para lograr unos estándares de calidad asistencial adecuados, pero esto solo no es suficiente porque de nada nos sirve formar profesionales para cubrir las necesidades de nuestro sistema de salud si luego no sabemos crear las condiciones necesarias para que estos profesionales se mantengan en nuestro país y no ocurra como está pasando en la actualidad, que tras un largo proceso formativo (entre dos y cinco años), ante las adversas condiciones laborales a las que estos nuevos especialistas se tienen que enfrentar tras finalizar su formación se ven obligados a continuar su carrera profesional fuera del sistema público de salud o incluso fuera de nuestro país donde son reconocidos y bien recibidos, y no solo me refiero a condiciones económicas, que también, sino además a estabilidad laboral, incentivos para el desarrollo de la carrera profesional, tiempo y reconocimiento de la docencia, estímulo a la investigación, tiempo para la formación y actualización profesional en su horario laboral, conciliación familiar, respeto al descanso necesario, etc. Mientras no se reconozcan y soluciones estas deficiencias de nuestro sistema sanitario por mucho que formemos especialistas el problema de su déficit persistirá puesto que abandonarán nuestro país o desarrollarán su profesión en la empresa privada.

En resumen, la sanidad pública tanto hospitalaria como en atención primaria ha sido y sigue siendo la primera línea para hacer frente al SARS-CoV-2. Nuestro personal sanitario ha estado varias veces al borde del colapso, tenemos hospitales con plantas y camas vacías por falta de personal, a las plataformas en defensa de la sanidad pública reclamando más personal y medios y al presidente del gobierno mandando mensajes de apoyo a la sanidad pública y a la atención primaria.

Y como contrapartida tenemos una convocatoria de formación sanitaria especializada con un mínimo aumento de plazas disponibles y unas profesionales especialistas que se ven obligadas a abandonar sus carreras asistenciales una vez acaban sus residencias ya que las condiciones laborales tanto de consolidación del empleo como de las mismas condiciones durante su ejercicio son muy deficientes.